Ya está aquí y no es la primera vez, aunque ahora es de una importancia vital. Antes, hagamos un poco de historia. En 1962, el Gobierno español solicita formar parte de la entonces Comunidad Económica Europea, pero la ausencia de democracia nos arrincona a firmar un mero acuerdo comercial en 1970. Tras muchos años de intensas negociaciones, se rubrica el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1985. A partir de ese momento, nuestro país es un ejemplo de integración y la participación activa de España en la UE se ve reflejada en tres presidencias destacadas por importantes pactos: en 1989 se aprueba el Plan Delors, que conduciría al Tratado de la Unión Europea o de Maastricht (1992); en 1995, el Consejo Europeo de Madrid nombra la futura moneda, el euro; y en 2002, entra en vigor el espacio europeo con la moneda única. Ahora, en 2010, durante presidencia española, se inicia otro periodo de la UE con nuevo presidente, con la aplicación del Tratado de Lisboa y con la renovación de una Europa que debe pensar en cómo fomentar el empleo y cómo apoyar a quienes tienen más necesidades. El presidente del Gobierno español ha querido que la discapacidad ocupara un eje central, que tuviera un carácter transversal y fuera la línea estratégica de las políticas sociales en los próximos diez años. Esa es su voluntad política. Para ello ha organizado, el 19 de mayo, en Zaragoza, la primera Conferencia informal de ministros que se celebra en Europa, con el fin de abordar asuntos relacionados con la accesibilidad (incluida la sociedad de la información), la participación, autonomía, empleo, educación y aplicación de la Convención de la ONU. Y se celebrará una Conferencia sobre discapacidad con la participación de asociaciones, administraciones e instituciones europeas. Y defenderá la creación de un premio para la ciudad europea más accesible. Paralelamente, nuestro Ministerio de Sanidad y Política Social va a organizar, en febrero, una conferencia socio-sanitaria con la participación de los consejeros de salud y del ámbito social de las autonomías para definir las líneas de trabajo en los próximos años: la dependencia, el tratamiento de las enfermedades raras, la salud mental, las discapacidades severas y la coordinación de los sistemas sanitarios y sociales. El objetivo es alcanzar un sistema más eficiente, más justo y más sostenible. Es muy complicado, pero las administraciones y los políticos, españoles y europeos, tienen la obligación de hacer un ?mayor esfuerzo? en beneficio de todos.

Nació con unanimidad política (algo excepcional hoy en día), creo muchas esperanzas, se bautizó como el cuarto pilar de Estado del bienestar y todos pensamos que era una gran oportunidad para alcanzar una mayor justicia social en nuestro país. La ley 39/2006, de 14 de diciembre, más conocida como de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, inicia tres años más tarde un proceso, marcado por la propia ley, de evaluación y de revisión. Tiene claroscuros, oportunidades y temores. Es cierto que ya hay cerca de 500.000 personas reconocidas como dependientes, un derecho convertido en ley; es verdad que en esta época de crisis el Gobierno ha realizado un esfuerzo presupuestario para el 2010; también son comprobables las mejoras en los servicios de ayuda domiciliaria; todavía falta un tiempo de desarrollo porque esta norma tiene un plazo de cumplimiento hasta el 2015? Y se ha dado un paso más al convocarse una reunión en el mes de febrero entre consejeros de sanidad y de bienestar social para hablar de un futuro sociosanitario de la ley. Esta puede ser la primera oportunidad para reorientar la norma. Hay una relación evidente y aunque parezca una perogrullada, un hospital es un centro sanitario y no una residencia. Pero para algunos expertos, no es sólo una cuestión de reformas, de matices, de revisión de los baremos o de una mejor valoración de la discapacidad intelectual, sino que falta una reforma en profundidad de la ley por varios conceptos: la adaptación de la norma a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad; los 17 subsistemas de la dependencia; la propia sostenibilidad; el reconocimiento de que la dependencia es una parte mínima de la discapacidad? Y habría que añadir algunas preguntas: ¿Podría incluirse la dependencia dentro del sistema de Seguridad Social? ¿Habría que pagar una cuota como ya lo hacemos con nuestras pensiones o con el desempleo? ¿Por qué tiene que haber un ?copago real? con este derecho cuando no existe para la sanidad o la educación? ¿En qué medida el patrimonio personal o familiar distingue unas prestaciones de otras? ¿Por qué hay tanta diferencia de aplicación entre autonomías? ¿Qué ocurre cuándo fallece la persona sin haber recibido un euro del Estado? Sí, se puede recurrir, pero la justicia también es demasiado lenta? Estas y otras cuestiones deberían replantearse porque algo falla en la ley, no llega a todas las personas que lo necesitan. Hay que reflexionar ahora que se cumplen tres años y toca hacerlo. Como decía un clásico defensor del Estado de bienestar, ?el cumplimiento de las normas sociales nos hará más dignos como país, más libres como ciudadanos?.